Vivienda
Los dueños de las VPO de Maristas se arriesgan a perder la subvención si al final hay sobrecostes
La consejera de Vivienda se reúne con un grupo de adjudicatarios para analizar la "legalidad" de las actuaciones llevadas a cabo por la promotora
Actualizado el 19/02/2025 a las 09:14
El departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra ha instado a la promotora de las VPO y VPT de Maristas del Ensanche de Pamplona a “cumplir con la legalidad vigente en materia de vivienda protegida” y que establece que en ningún caso se puede superar el precio máximo del módulo. En caso de superarse, el Gobierno de Navarra puede denegar la calificación definitiva de las 108 viviendas, que se solicita al término de las obras. Esto conllevaría el reintegro de las subvenciones concedidas a la promotora, que en el caso de Maristas, al ser una cooperativa, los perjudicados serían los propios adjudicatarios.
Estas subvenciones oscilan entre el 2% y el 16% del precio de la vivienda y va en función de si es VPO o VPT y el nivel de ingresos familiares. Habitualmente las tramita el promotor, que las descuenta del precio final de la vivienda.
La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, y la directora general de Vivienda, Elga Molina, se reunieron este martes con una representación de adjudicatarios. Mañana se celebra la asamblea general de cooperativistas, que debe votar si aceptan el presupuesto de la obra y la consiguiente aportación complementaria, de 14.700 euros de media, que Grupo Arrasate, que actúa como gestora, ha planteado para los adjudicatarios. Los propios afectados no se atreven a aventurar el resultado de la votación porque las casuísticas y posturas son muy variadas.
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Ir a la noticiaEl lunes hubo una reunión informativa donde la promotora defendió la legalidad de dichas aportaciones y se negó a asumir los 1,5 millones de desviación previstos. Este grupo de personas adjudicatarias ha trasladado a los responsables de Vivienda su “inquietud y malestar” por el desarrollo de los acontecimientos. Como ya hizo en su comparecencia parlamentaria, Begoña Alfaro les ha explicado las actuaciones llevadas a cabo con la promotora desde que se le concedió la calificación provisional de vivienda protegida en 2023. Los servicios jurídicos de Vivienda, explicaron fuentes del departamento, llevan días analizando los pasos dados por Grupo Arrasate y si es posible tomar medidas legales. La principal barrera, explican, es que los eventuales sobreprecios no se han materializado y sólo se conocerán con exactitud cuando se solicite la calificación definitiva. Esto supondría prolongar la incertidumbre de los adjudicatarios. Las obras, que no han comenzado, tienen un plazo de ejecución de unos dos años.
El departamento de Vivienda tiene intención de mantener una reunión en los próximos días con el Ayuntamiento de Pamplona y los responsables del Grupo Arrasate con el fin de encontrar una solución satisfactoria para adjudicatarios y promotora.
